Golf Confidencial . Tal y como aseguraron en dicho medio, el recinto no cumple con los requisitos administrativos exigidos para justificar su condición de interés general, la fórmula que la Comunidad de Madrid ideó para salvar el proyecto cuando el Ayuntamiento, con Alberto Ruiz-Gallardón de alcalde, le denegó la licencia al no cumplir ciertos requerimientos urbanísticos.
Por lo que se ha podido saber, el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación que la Comunidad interpuso a la sentencia de enero de 2010 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que falló con los mismos argumentos.
En El País publican parte de una resolución emitida el 12 de diciembre de 2012, en la que se afirma: “Se desprende con meridiana claridad que el excepcional interés público (…) no está motivado en el caso de autos, pues responde al intento de sustraerse a la aplicación de las reglas de autorización y disciplina urbanística que, en materia urbanística, corresponde a los ayuntamientos (…) y no a la existencia de razones excepcionales de interés público que tendrían que haberse puesto convenientemente de manifiesto”. Dicho escrito, redactado en la sala quinta de la sección tercera del Supremo, no admite más recursos y da la razón, como hizo el TSJM, a la Asociación de Vecinos El Organillo de Chamberí, primera en cuestionar que el campo fuera bien de interés general.
Las instalaciones de Green Canal se habían convertido en una referencia para los aficionados al golf, que podían practicar su deporte favorito sin tener que desplazarse a los campos de las afueras. La escuela de adultos y de niños también contaba con un alto número de participantes y todos ellos se preguntan qué va a pasar con ellos.
En sus declaraciones a El País, un vecino ‘de toda la vida’ del barrio manifestó: “La Comunidad declaró el proyecto bien de interés general para superar el filtro de las licencias, porque no cumplían con los requisitos del Ayuntamiento… Y ni por esas. ¿Y ahora qué? ¿Van a derribarlo y rehacer el parque que había? No les queda más salida”.
En un principio, la sentencia no significa que haya que derruir las instalaciones, tal y como declararon desde el Gobierno Regional y los máximos responsables de Green Canal, quienes destacaron que durante este tiempo han contado con 7,5 millones de usuarios (12.000 al mes).
En su día, las obras costaron un total de 50 millones de euros.
