Golfconfidencial. Gonzalo Elías contrató a su mujer como directora administrativa y permitió a su vicepresidente vender a la entidad material deportivo de la firma a la que representa, según él mismo reconoció. Con estas decisiones, Elías violó el artículo 47 de los estatutos federativos y el 117 del decreto del Gobierno vasco. Al menos, así lo denunció un grupo de opositores.
El día después de que este periódico informase del escándalo en la federación, el grupo del PSE en Juntas Generales decidió pedir explicaciones a Ariztondo debido a que dicha entidad, aun siendo una asociación privada, recibió de la institución foral una subvención de 31.000 euros en 2010. La diputada explicó que la Administración sólo puede activar sus órganos de control «en caso de que se vean afectadas funciones públicas delegadas», entre las que no se encuentran la contratación del personal. Además, señaló que, «a día de hoy, en la Diputación no nos consta ni denuncia ni reprobación de socios o de cualquier otra parte interesada que podría motivar alguna actuación por nuestra parte». Asimismo, añadió que el Ejecutivo territorial presidido por José Luis Bilbao aún no ha abonado las ayudas correspondientes al presente ejercicio. La razón, que las cuentas anuales de la federación están aún pendientes de ser debatidas y aprobadas en una próxima asamblea, que se celebrará previsiblemente el 17 de noviembre, después de que fueran tumbadas en julio «por ser poco concretas».
En su turno de intervención, el juntero del PP Arturo Aldecoa consideró «prudente» que, cuando se den situaciones de esta índole, la institución foral solicite a la federación correspondiente «información de qué esta pasando y por qué». En este sentido, Josu Arteta, del PNV, valoró que solicitar esa información puede ser «contraproducente» desde el momento en que puede ser considerada una labor fiscalizadora. «La legislación dice que no debe de producirse ninguna intromisión en las labores desarrolladas en exclusiva por parte de las federaciones», concluyó.
