Golf Confidencial . Fuentes de Promotur indicaron que la situación actual del sector viene determinada por el decreto 43/2008 y las diversas modificaciones que se realizaron en el mismo, de manera que existe un cuadro normativo que, «aunque nunca supuso la completa aceptación por parte del sector de campos de golf, al menos suponía un consenso de mínimos en el que participaron tanto la Consejería de Turismo y el resto de la Junta de Andalucía, sindicatos, Federación de Golf de Andalucía y empresarios».
Se considera que esta normativa «contenía suficientes reglas y requisitos de carácter ambiental, urbanístico y turístico para asegurar que se pudiera cumplir las finalidades que justifican su propia existencia», aunque lamentaron que «sólo se han aprobado dos proyectos, uno en Castellar (Cádiz) y otro en Barbate (Cádiz)». A su vez, agregaron que ninguno de los dos se ha llevado a cabo.
Los empresarios indicaron que las causas por las que no se aprobaron más campos durante los cinco años que han transcurrido desde 2008 son variadas: una de ellas la situación económica general de crisis, pero también apuntaron a causas relativas a «la dificultad en cuanto a tramitación y requisitos, en algunos casos excesivos, exigidos en la normativa actual, la falta de preparación y conocimientos de campos de golf por parte de la Consejería de Turismo y otros departamentos, la falta de medios y la actitud de rechazo de los campos de golf por parte de los funcionarios que han intervenido en aplicar la normativa».
Asimismo, sobre el proyecto de normativa elaborado por la Consejería, en manos de IU, para modificar el decreto de campos de golf, Promotur lamentó en primer lugar que este proyecto «ha roto el consenso existente sobre la normativa actual», de modo que el proyecto tiene la «total oposición de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), de la Real Federación Andaluza de Campos de Golf, de la Asociación española de Gerentes de Campos de Golf y de Promotur, entre otras».
A juicio de Promotur, la Consejería «rompe la práctica habitual en materia de turismo y deporte de obtener consensos entre los agentes afectados por una nueva normativa y lleva adelante su proyecto con el solo apoyo de los sindicatos».
Por ello, aseguraron que presentarán alegaciones y recurrirán la norma y califica la actuación de la Consejería de Turismo como «claramente sectaria» en el sentido de que «se pretende aprobar una norma basada exclusivamente en su posicionamiento ideológico, con una aversión a los campos de golf, que, en lugar de ser considerados como elementos para cualificar y desestacionalizar la oferta, se contemplan como un instrumento al servicio de la especulación inmobiliaria, generalizando injustamente un reducido número de casos debido a la falta de uniformidad en la política urbanística».
A su vez, consideraron que «se regula el proyecto desde la ignorancia de la realidad, desde prejuicios intelectuales, sociales y políticos y se pretende justificar sobre cuestiones ambientales que están completamente aseguradas en la normativa actual».
Golf Confidencial
La Asociación de Promotores de Turismo Residencial y Deportivo de Andalucía (Promotur) se ha mostrado contrario y su «total oposición» a la propuesta de cambios realizada por la Consejeria de Turismo de la Junta en relación con el decreto que regula las condiciones de implantación y funcionamiento de campos de golf en Andalucia, por lo que pide que «se derogue completamente» este decreto y «se vuelva a la situación anterior a 2008, que no este decreto sectario y totalmente demagógico».
Fuentes de Promotur han indicado a Europa Press que la situación actual del sector viene determinada por el decreto 43/2008 y las diversas modificaciones que se han realizado en el mismo, de manera que existe un cuadro normativo que, «aunque nunca supuso la completa aceptación por parte del sector de campos de golf, al menos suponía un consenso de mínimos en el que participaron tanto la Consejería de Turismo y el resto de la Junta de Andalucía, sindicatos, Federación de Golf de Andalucía y empresarios».
Considera que esta normativa «contenía suficientes reglas y requisitos de carácter ambiental, urbanístico y turístico para asegurar que se pudiera cumplir las finalidades que justifican su propia existencia», aunque lamentan que «solo se han aprobado dos proyectos, uno en Castellar (Cádiz) y otro en Barbate (Cádiz)». Agrega que ninguno de los dos se ha llevado a cabo.
Los empresarios indican que las causas por las que no se han aprobado mas campos durante los cinco años que han transcurrido desde 2008 son variadas, una de ellas la situación económica general de crisis, pero también apuntan a causas relativas a «la dificultad en cuanto a tramitación y requisitos, en algunos casos excesivos, exigidos en la normativa actual, la falta de preparación y conocimientos de campos de golf por parte de la Consejería de Turismo y otros departamentos, la falta de medios y la actitud de rechazo de los campos de golf por parte de los funcionarios que han intervenido en aplicar la normativa».
Asimismo, sobre el proyecto de normativa elaborado por la Consejería, en manos de IU, para modificar el decreto de campos de golf, Promotur lamenta en primer lugar que este proyecto «ha roto el consenso existente sobre la normativa actual», de modo que el proyecto tiene la «total oposición de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), de la Real Federación Andaluza de Campos de Golf, de la Asociación española de Gerentes de Campos de Golf y de Promotur, entre otras».
A juicio de Promotur, la Consejería «rompe la práctica habitual en materia de turismo y deporte de obtener consensos entre los agentes afectados por una nueva normativa y lleva adelante su proyecto con el solo apoyo de los sindicatos».
Por ello, ha asegurado que presentará alegaciones y recurrirá la norma y califica la actuación de la Consejería de Turismo como «claramente sectaria» en el sentido de que «se pretende aprobar una norma basada exclusivamente en su posicionamiento ideológico, con una aversión a los campos de golf, que, en lugar de ser considerados como elementos para cualificar y desestacionalizar la oferta, se contemplan como un instrumento al servicio de la especulación inmobiliaria, generalizando injustamente un reducido número de casos debido a la falta de uniformidad en la política urbanística».
Considera que «se regula el proyecto desde la ignorancia de la realidad, desde prejuicios intelectuales, sociales y políticos y se pretende justificar sobre cuestiones ambientales que están completamente aseguradas en la normativa actual».
Golf Confidencial
